La perspectiva de género y la participación: redimensionando el Estado

La reforma del estado y la perspectiva de género son dos medios interdependientes para promover el desarrollo. Es más, sin la perspectiva de género, la reforma del estado no se va a dar dentro del espíritu democrático contemporáneo. Dicho espíritu implica participación, redefinida y ampliada para incluir actores, medios y estrategias políticas no-tradicionales. Por un lado, sí la reforma del estado no incorpora la perspectiva de genero, será un esfuerzo a medias al obviar los cambios de la capacidad de la sociedad para formular demandas y terminará exacerbando o afianzando las relaciones de poder existentes. Y, si la perspectiva de genero no cuestiona la construcción actual del estado, y no intenta transformarla, el concepto será vacío, carente de peso político, al no enfrentarse a la estructura y eje articulador del poder, el estado, la contraparte institucional de la sociedad.

Ahora, en este contexto, el proceso de transformación institucional sucede a dos niveles: uno es el de las ideas, y el otro es el político. A nivel de las ideas, la comprensión de la relación entre la perspectiva de genero, que establece a las mujeres como sujetos activos (como ciudadanas) y la reforma del estado es fundamental y necesaria si pretendemos impulsar el desarrollo integral de las sociedades latinoamericanas para construir un Estado Democrático de Derecho. La preocupación principal radica en la relación entre el estado y la ciudadanía. A nivel de lo político, las ideas se articulan y se ponen en práctica desde "arriba" con el resultado de la reforma del estado, y desde "abajo" con el resultado de las nuevas demandas de la sociedad impulsadas por la reconstitución de actores y del reconocimiento de distintos antagonismos socio-político-económicos, lo cuál incluye las desigualdades entre mujeres y hombres.

El debate de este texto se centra en el objetivo, tanto a nivel político como ideológico, de la transformación institucional de nuestras sociedades, transformación sustentada por un cambio del modelo estatal y es promovido por la participación de las mujeres, antiguas protagonistas sociales, económicas y políticas, aunque hasta ahora reconocidas. Todo se da en el contexto propio de cada sociedad, presentando por lo tanto desafíos políticos y analíticos, que varían de país en país.

En aquellos lugares en donde la democracia es incipiente (en este caso prestaremos particular atención a Centroamérica), no suele haber tradición de participación. Las mujeres están ante una situación de doble desventaja porque la gente en general no tiene como defender sus derechos adecuadamente, y las mujeres en particular empiezan en condición de desigualdad. Como se ha dicho repetidas veces en otras oportunidades y a través de cuantiosos informes, estudios, textos, y libros, las mujeres trabajan más, ganan menos, sufren más de la violencia, y se escuchan y participan con mayor dificultad que los hombres. Este es el caso de Centroamérica.

En este contexto y para situar la discusión, vale la pena empezar con la definición de términos importantes en el análisis de la reforma del estado desde la perspectiva de género, y luego continuar con una discusión sobre el tema de la participación que se manifiesta en acciones y prácticas concretas. El vínculo entre estado-ciudadano afecta la capacidad de la actividad pública para lograr equidad y eficiencia, y los retos ahora planteados al final de este milenio requieren un cambio en el método de análisis de dichas actividades, así cómo una transformación del vínculo estado-ciudadano, "en tanto contribuyentes, en tanto beneficiarios, en tanto funcionarios, o bien en tanto participantes de la combinación público privada en la prestación de servicios". A. Sojo describe la situación a cambiar, y capta un trozo de la realidad en Centroamérica: "Se trata de superar el paternalismo estatal asociado a la ausencia de responsabilidades, al abuso clientelista y a la exclusión de grupos significativos de la población. Se trata, por otra parte, de recuperar la responsabilidad pública en el logro de una vida digna, que no se puede garantizar mediante el exclusivo esfuerzo individual en el marco del mercado" (A. Sojo, 1). En este marco, tratándose de sociedades que han experimentado sacudidas violentas, se presenta un nacimiento de organizaciones de la sociedad civil que promueven el cambio y fuerzan la participación. Por lo tanto, si los movimientos y organizaciones de la sociedad civil incorporan las ideas y prácticas de la perspectiva de género pueden introducir cambios en las políticas públicas y tener un impacto importante en la reforma del estado.
 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

El concepto de género

Para empezar, el concepto de "género" es más que una categoría relacional: "es una teoría amplia que abarca categorías, hipótesis, interpretaciones y conocimientos relativos al conjunto de fenómenos históricos construidos en torno al sexo" (Lagarde, 26). El género como construcción simbólica, capta los atributos asignados a las personas a partir de su sexo. Estamos hablando de atributos biológicos, físicos, económicos, sociales, psicológicos, eróticos, jurídicos, políticos, y culturales que influyen sobre la organización de la sociedad en todas sus vertientes y sirven como la base de la creación de cierto orden de poder. "En conjunto es un complejo mosaico de generación y reparto de poderes que se concretan en maneras de vivir y en oportunidades y restricciones diferenciales" (ibid., 29).

Estudios sobre temas de género incluyen análisis de relaciones inter- e intra-genéricas en los ámbitos privados, públicos, colectivos, íntimos y políticos, de tal manera que las instituciones civiles y estatales son de particular interés ya que "ejercen el consenso al orden de género, y la coerción social" (Lagarde, 30). Así que, en su dimensión política, el concepto de género ofrece los instrumentos para entender, analizar y transformar el funcionamiento de las diferentes configuraciones y relaciones de poder entre hombres y mujeres en el conjunto de la sociedad, en el estado y en la cultura.

La perspectiva de género

A partir de esta definición de género, la teoría que alimenta esta perspectiva proporciona recursos ausentes en otros enfoques, para comprender la complejidad social, cultural y política existente entre mujeres y hombres. Es una visión explicativa, analítica, y alternativa, como política y crítica, "que reclama el fin de la intolerancia y la construcción de la mutua aceptación basada en el reconocimiento de la equivalencia humana" (Lagarde, 11). Propone una visión de la humanidad diversa y democrática que requiere que las mujeres y los hombres seamos distintos a lo que somos y éramos; solo así construiremos una democracia genérica que nos reconoce en nuestra diversidad. Uno de los primeros fines de la perspectiva de género es participar en la construcción de una "nueva configuración de la historia, la sociedad, la cultura y la política desde las mujeres y con las mujeres" (ibid., 13). Desde luego, revelar esta nueva configuración de la realidad nos obliga a plantearnos nuevos problemas y alternativas, y a incluir a las mujeres dentro de la sociedad, el proceso de desarrollo, la política, el estado y la vida en democracia.

El poner en evidencia la desigualdad existente conduce al enfrentamiento y subsiguiente desencanto con la concepción idealista, al plantear esta que las estructuras políticas existentes, los estados y sus leyes pueden establecer la igualdad en el día a día a través de la proclamación de decretos. "Desde esta perspectiva, es posible comprender que las leyes, normas y mitos culturales expresan de diversas formas hechos parcialmente existentes, hechos de eras pasadas o hechos utópicos, que plasman necesidades y deseos de igualdad, reprimidos y subordinados" (Lagarde, 34). Todo esto afecta el esfuerzo de reformar el estado ya que exige un cambio de mentalidad entre las mujeres y los hombres, y pone en evidencia las desigualdades que permanecen debido a cierta construcción del estado y ejercicio de poder.

La reforma del estado

Si aceptamos esta perspectiva, el reto de la reforma del estado implica un cambio, una "transformación" profunda, mas que una "reforma", de los estados que en la actualidad existen en Centroamérica. Con la crisis continental de los años ochenta, se manifestó el agotamiento del modelo estatal latinoamericano, lo cuál requirió un cambio del modelo estatal, y de las relaciones del estado con la sociedad civil y la ciudadanía en general, y con las mujeres en particular. Podríamos afirmar que en cada uno de los países, pretender la instauración del Estado Democrático de Derecho a través de una "reforma" de lo inadecuado que ahora tenemos es casi como condenar el esfuerzo al fracaso, ya que no se plantea una transformación de la institucionalidad; es decir, se pretende seguir jugando con las mismas reglas del juego, con los mismos valores y normas basados en la relación desigual entre mujeres y hombres; este camino difícilmente podrá conducir a la creación del Estado Democrático de Derecho.
Aunque cada uno de los mas de 40 países del continente presenta una situación y realidad distintas, los cambios que todos tendrían que incorporar y enfrentar para lograr principios compartidos por la perspectiva de género (entre los cuales contamos la equidad social, estabilidad política, amplia participación, crecimiento económico sostenible, y desarrollo humano integral), requieren de un estado sólido, que haya rehabilitado su papel en el proceso de cambio. Así, lo que llamamos la reforma del estado debe empezar con el reconocimiento de que es más bien una transformación institucional que depende de, e informa el cambio en el papel que debe asumir este estado.

Al referirse al Informe de Desarrollo Humano, Eva Querol señala que el nuevo enfoque sobre el crecimiento y la cohesión social en el contexto de la sociedad global debe basarse en la igualdad de géneros que consta de nuevos mecanismos institucionales, un consenso social, y de mejores políticas públicas para mejorar la provisión por parte del estado de servicios sociales; el enfoque, aunque incorpora particularidades sociales y culturales en cada país y situación, "deberá conducir siempre a un compromiso con la preservación de aquel tiempo y recursos destinados a fomentar los lazos y capacidades que nutren el desarrollo y que fundamentan la cohesión social y la fortaleza comunitaria" (Querol, 5).

Las dimensiones, funciones, papeles, fundamentos del estado, y las relaciones entre los actores deben cambiar dependiendo de la situación particular del país en cuestión y los problemas que enfrenta aunque indudablemente existen puntos comunes entre los procesos requeridos. La idea básica de esta propuesta es que no existe una "receta universal" a aplicar a todos los países; cada cultura elabora una situación y una interpretación de la misma basada en cosmovisiones distintas. En cuanto a la perspectiva de género, cada sociedad, pueblo, grupo y persona tiene su particular perspectiva basada en su cultura e informada por su historia y tradición. Esta cosmovisión es "estructurante y contenido de la autoidentidad de cada uno" (Lagarde, 14).

Por lo tanto, la estrategia de cambio social de acuerdo con la perspectiva de género empieza con la identificación de diversas cosmovisiones (valores, normas, y maneras de juzgar los hechos; es decir, los distintos aspectos de la institucionalidad informal) que coexisten en cada sociedad, y luego procede a detectar las posibilidades vitales y los conflictos institucionales y cotidianos que enfrentan los hombres y las mujeres. A partir de esta comprensión social, se pueden estimular y desarrollar ciertas herramientas para fomentar capacidades de acción y transformación arraigadas en la institucionalidad vigente, a la vez que lograr una mejor percepción de las posibilidades de futuro con cambios en esa institucionalidad.

La reforma, como ahora se entiende, pide cambios en cuanto a la administración pública, y al papel del estado en la economía, las relaciones con la sociedad civil, la justicia, y la ciudadanía. Actualmente, el enfoque sustantivo de las políticas puestas en marcha para lograr la reforma del estado ha enfatizado el cambio en cuanto a las funciones económicas del estado en materia de privatización, desregulación (o, preferiblemente, re-regulación), y competencia.

Para fortalecer el mercado y redimensionar el estado, se han fortalecido tres conceptos: la privatización, la desregulación, y la competencia. La privatización, concebida como el traslado de funciones asumidas por el estado a los particulares, involucra un conjunto de medios para alcanzar determinados objetivos, con anterioridad públicos. La desregulación supone la simplificación y la desburocratización del mercado para acercar el gobierno a las entidades privadas y prestar servicios y reducir costos. Se pretende conferirle al estado el papel de ‘igualador de oportunidades’… Finalmente, la noción de competencia, para estos efectos, significa la participación o concurrencia de dos o más sujetos públicos o privados, individuales o colectivos, que poseen el mismo bien y realizan la misma actividad comercial, dentro de condiciones de mercado (Muñoz, 18).

Sugerido en estas ideas está el concepto del papel "general" que debe asumir el estado: no se está recetando la reducción o disminución del estado, ni el desmantelamiento de los servicios que ofrece, a pesar de que en el pasado se había interpretado de tal manera, lo cual había llevado a la aplicación de cierto tipo de política de reforma que encogía el estado. Actualmente no se trata de un estado mínimo y poco fuerte, ala laissez faire.

Lo que hoy se acepta es la noción del estado como regulador, un estado ágil, supervisor, que se involucra de modo directo en funciones que la sociedad civil no puede, ni debe, asumir. De esta manera, no es un estado mínimo; más bien, es un estado que asume nuevas dimensiones. Puede compartir con la sociedad civil ciertas competencias que eran tradicionalmente suyas, tal como la seguridad y la justicia, donde la sociedad civil puede asumir un papel mas activo, pero debe mantener ciertas funciones de regulación y supervisión que sólo el estado puede cumplir.

En el ámbito económico, el debate entre qué debe y no debe hacer el estado está continuamente en discusión, al igual que el debate de cómo conseguir la funcionalidad perseguida, sea cual sea. Hay una amplia aceptación de un estado supervisor, que debe garantizar que haya reglas claras y justas de mercado, y reglas dictadas y ejecutadas mediante procesos de concertación y discusión entre los actores afectados. Esta "función importante como protectora del habitante, asume la ‘procura existencial’ y asegura a los ciudadanos nuevas posibilidades existenciales mediante prestaciones sociales, administradas por sectores organizados y privados como la protección del ambiente, la atención a los discapacitados, la protección a la mujer agredida y a la madre soltera, entre otras" (Muñoz, 17).Se recomiendan políticas sociales más fuertes y acciones que amortiguan los efectos de una economía próspera pero excluyente. El desafío del estado es equilibrar los diversos intereses, algunos representados por los beneficiarios y otros por las personas desplazadas por el sistema global. Hasta en las funciones que reclama y reasume la sociedad civil y la ciudadanía, ejemplificado por el reciente proceso de privatización de servicios de seguridad, educación, salud, y actividades económicas variadas, el estado debe continuar manteniendo una relación de rector con los demás ámbitos societales y de dirección política. Existen múltiples posibilidades de participación ciudadana con el estado en lo referente a las combinaciones público privadas: el estado puede reservarse el papel de proveedor único o principal de servicios, o el suministro de los servicios pueden conseguirse a través de diversas combinaciones público-privadas. "Pero tanto para asegurar la eficiencia y la eficacia de las prestaciones, como para contribuir a que se satisfagan las condiciones de equidad, toda combinación pública privada debe estar regida por una regulación y por procedimientos que garanticen relaciones de competencia" (A. Sojo, 5).

Ahora bien, la experiencia privatizadora en la región, a los ojos de la gente arroja un saldo dudoso. La percepción de poca transparencia, de concentración de la riqueza y en algunos casos de no mejoría en los servicios públicos ahora privatizados, ha creado en algunos países una ola de rechazo al modelo y se ha manifestado como crisis de gobernabilidad. La cultura política está ahí, no ha cambiado y la gente espera algo del estado que va contra la corriente de pensamiento que se ha ido imponiendo. La salida a este dilema parece ser ahondar o profundizar la democracia, aumentar la participación y la transparencia.

La corriente que parece tener más futuro en este clima incierto de cambio es aquella que reconoce el papel de la desregulación, la privatización y la descentralización dentro del fenómeno de la desestatización, a la vez que favorece "aquella que tiende hacia la democratización, mediante el instrumento de participación y de descentralización, con la intervención de diversos sectores de la ciudadanía". Esto nos lleva al tema de este trabajo: ubicar la discusión de la reforma, o mejor dicho, la transformación institucional de nuestras sociedades, transformación sustentada por un cambio del modelo estatal, que incorpora a través de distintos modelos de participación, protagonistas sociales y políticos distintos a los tradicionales, con personalidades y carácteres diferentes, y con roles y funciones alternativos para satisfacer las nuevas necesidades creadas por el cambio de la institucionalidad.

En el caso de Centroamérica, la frase de una dirigente, proclamada durante la presente época de paz, capta el principio deseado: "Fuimos invisibles en la guerra pero no queremos ser invisibles en la paz". El problema es que la "guerra en Centroamérica terminó pero las condiciones sociales, políticas y económicas que la originaron no han cambiado" (Sagot, 17). Estamos ante una oportunidad histórica inigualable para lograr tanto la inclusión de nuevos actores políticos, como una novedosa relación entre los actores, un cambio en la cultura política, y, como consecuencia de estas transformaciones, una reconfiguración del estado. Hasta ahora, la época de paz naciente a sido complicada y obstaculizada por todo tipo de problemas, el más reciente siendo el Huracán Mitch, que desvistió la región y expuso la pobreza desenfrenada aun existente. El desafío es aprovechar el momento para construir una nueva Centroamérica y no volver sobre un camino andado claramente insuficiente. Es menester incorporar la perspectiva de género en el proceso de creación de esa nueva realidad. De hecho, sin las mujeres cualquier avance será a medias, se estaría desaprovechando una nueva oportunidad.

La participación de las mujeres en el estado es un medio, no un fin en sí mismo; el objetivo es conseguir una transformación social profunda que afecte las mentalidades de los individuos y las instituciones básicas de la sociedad. En fin, sólo un estado que es representativo de las mujeres, que las escucha e incluye en la toma de decisiones, y que elabora políticas públicas que responden a sus demandas especiales para transformar las diferencias entre los géneros, será efectivo y eficiente, equitativo, justo y sobre todo legítimo.

El Estado Democrático de Derecho y la participación

Hoy en día, la democracia es un concepto más rico y complicado. Incluye componentes de participación, representatividad, pluralismo, y civilidad. "No es posible una representación democrática sin participación porque… implica rendición de cuentas, implica voluntad de ofrecerlas y voluntad de la ciudadanía de pedirlas" (Vargas Cullel, 111).Recordemos que el objetivo es construir un Estado Democrático de Derecho y, como objetivo político tangible, la perspectiva de género fomenta la creación de nuevos lazos entre un estado distinto, un Estado Democrático de Derecho, construido y constituido por actores diferentes. Este estado somete la autoridad a los derechos fundamentales (del individuo) y a los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales se pronuncian en función de situaciones "colectivas o sociales, derechos de ‘prestación’ o la acción positiva de un Estado interventor" (Muñoz, 14). La justicia y la igualdad se asumen como compromisos sociales básicos, y la consecución de los compromisos son responsabilidad tanto del estado como de la sociedad, mediante la participación activa en las decisiones, su ejecución y su control. "Aparece el Estado Democrático de Derecho como una forma más evolucionada y moderna de la organización político-social" (ibid., 15).Es en este contexto donde el sujeto social debe actuar como ciudadano y como protector de sus derechos a través de reclamos de justicia sustantiva a instituciones estatales que funcionan, cada uno dentro de su ámbito como agente del interés de la nación. El actor social tiene varios "niveles" de actuación al tomar parte en las decisiones políticas fundamentales: cómo individuo y cómo miembro de una colectividad. Así, el papel del actor social, de la mujer en este caso, no es pasivo e indiferente, ni limitado a procesos electorales o al ejercicio de poder en ámbitos político-formales; al contrario, su acción es permanente y reflejada en las instituciones públicas "desde la iniciativa de las decisiones, su preparación y su emisión" (Muñoz, 16). Por supuesto, esto queda en gran medida acotado por las desigualdades sistemáticas que emergen de la articulación en grupos/colectivos de la sociedad que sufren de los factores de desigualdad social.

En cuanto a la participación del colectivo, O´Donnell utiliza el concepto de "lo popular" como una de las mediaciones políticas fundamentales. El pueblo o lo popular es "un ‘nosotros’ portador, no ya como en la ciudadanía de derechos abstractamente iguales o, como la nación, de derechos concretos pero genéricamente indiferenciados respecto de la condición social de quienes pertenecen a aquélla, sino de demandas de justicia sustantiva de las que derivan obligaciones estatales respecto de los menos favorecidos" (72, mi énfasis). De esta manera, al concebir de esta manera la relación entre la nación, la ciudadanía y lo popular, el estado puede aparecer como "agente de logro y custodio de un interés general; esto es, del interés general de un ‘nosotros’ que presupone pasar por encima de los fraccionamientos y antagonismos de la sociedad civil" (O’Donnell, 72-73).En el contexto donde el estado asume estas características y funciones, teóricamente se integran varios elementos nuevos al estado. De acuerdo con Muñoz, la democracia social se suma a la democracia política; al pluralismo político se agrega las organizaciones sociales, creando así un "Estado de Asociaciones" donde las colectividades compiten con, y a veces hasta desplazan a, los partidos políticos tradicionales en la formación de la voluntad estatal; la participación es una "devolución" o recuperación de funciones a la sociedad, en una especie de "despublización" de la actividad social donde la actividad pública y privada se complementan, particularmente esa "actividad privada con carácter democrático social" (Muñoz, 19).

La nueva cultura política-social exigida por el estado requiere de la participación activa de la mujer como fuente de apoyo para la democracia en los procesos de toma de decisiones sociales, políticos, y económicos. Por lo tanto, el rol del Estado Democrático de Derecho cambia al mantener una relación y acción mutua con la sociedad que cuestiona la dicotomía público versus privado. La esperanza es que el estado y las instituciones públicas se integran con la sociedad civil y las municipalidades en la búsqueda de soluciones a los problemas sociales.
Todo esto está muy bien, pero la teoría está muy distante de la realidad. Existen problemas a varios niveles en el proceso político de toma de decisiones, ejecución y supervisión: no sólo los representantes populares (Parlamentarios, municipales, funcionarios, etc.) no proporcionan espacios para la participación en las decisiones, sino que tampoco permiten que la comunidad supervise la actividad, los resultados de dicha política, y la gestión administrativa o parlamentaria; al nivel de los grupos tradicionales de poder (por ejemplo, partidos políticos tradicionales), estos suelen dificultar el compartir el papel de representantes con otras organizaciones menos tradicionales (como partidos alternativos o movimientos populares); y, en cuanto a normas, leyes, artículos constitucionales, y decretos, no existen normas expresas sobre el proceso de intervención ciudadana y participación de la sociedad civil en el estado, los municipios, y en las decisiones. No existe un "derecho a la participación democrática o ciudadana, como un derecho humano y el deber del Estado de fortalecerla y defenderla directamente" (Muñoz, 21).

La participación y la mujer

A pesar de la distancia entre teoría y realidad o práctica, estamos ante la oportunidad de visualizar y desarrollar una noción distinta de participación en donde, por ejemplo, una persona pueda participar haciendo una petición, aunque no desee involucrarse formalmente en la cosa pública. Con base en dicha visión, se puede intentar articular las demandas de las mujeres con distintas formas y espacios de participación. A los dos componentes (las demandas y las formas y espacios de participación) se les debe atribuir un carácter "político".

De tal manera, la participación democrática se convierte en un concepto y ejercicio más flexible que no supone sólo acciones de "democracia directa"; es decir, la participación llega a abarcar tanto lo electoral como los puestos de poder en la estructura de poder formal. Se amplía el espacio de acción política para abarcar no sólo lo formal-institucional, sino también las acciones llevadas a cabo en el espacio privado que tienen un carácter político, tal como reivindicaciones que intentan cambiar mentalidades arraigadas en la desigualdad entre géneros.

Las nuevas modalidades de participación se ven acompañadas de la creación de derechos y de responsabilidades ciudadanas, no sólo en países con democracias consolidadas, sino también en países de democracia emergente. Carlos Sojo comenta sobre la transcendentalidad de la creación de obligaciones para los ciudadanos en países Centroamericanos que están en el proceso de consolidación democrática: "la creación de un foro institucional abierto…crea obligaciones para los ciudadanos [algunas muy básicas]…: el respeto a la vida, la tolerancia a las ideas, etc.". Todos esos son "deberes de convivencia social", que sin ellos, el funcionamiento de la democracia se dificulta, y la justicia y equidad social sufren.La empatía y responsabilidad hacia los derechos de los demás juegan un papel importante en la definición y financiación de la política social: es casi innecesario constatar que en la región los principios de solidaridad y equidad de géneros no han recibido mucha importancia, o bien se han visto debilitados en el transcurso de las últimas décadas. "De allí que esté pendiente la revitalización de estos principios en aras de justicia, la cohesión social y la competitividad en un mundo globalizado" (Ana Sojo, 3). La innovación consiste en lograr el compromiso de los actores, y establecer responsabilidades que permiten articular la participación ciudadana con la política social a través de experiencias y políticas que comprometen y exigen contrapartidas de los actores en el dominio de sus dificultades.

Ahora bien, en este apartado cabe preguntar en que interesa la participación de las mujeres. Las razones son múltiples, pero en este texto me limito a comentar unas pocas que afectan el rendimiento democrático y la reforma del estado. Con la participación de las mujeres se activa la exigencia de la rendición de cuentas a los gobernantes tanto en la formulación de políticas públicas, cómo a la hora de la decisión, y en la aplicación y efectividad de la política. Esto por un lado. Otro aspecto es que la legitimidad de la democracia se ve afectada al incluir y considerar una porción más que importante de la población y que tiene necesidades distintas – tal como la percepción del valor del trabajo no-remunerado de las mujeres; y, los intereses difusos se pueden incorporar si existe un espacio diferente y maneras distintas para plantear necesidades y demandas.Asumiendo este punto de vista, con las riquezas, posibilidades, y complicaciones que presenta el otorgamiento de responsabilidades y derechos a las mujeres, la reforma del estado requiere que las obligaciones y relaciones recíprocas respecto del actor social se especifiquen, que se promueva su capacidad de elección y su poder para canalizar sus preferencias y disconformidades, y que se construyan prácticas organizativas e instituciones estratégicas que den espacio adecuado de expresión. La principal preocupación de las políticas públicas y de la administración bajo este concepto es establecer una regulación que se interese por la calidad de servicio, la cobertura efectiva y no-discriminatoria, el acceso a información, y la capacidad de libre elección.

El proceso de reforma del estado considera a los "clientes", las mujeres y hombres, ciudadanos con derechos y responsabilidades, que tienen cada uno problemas y necesidades diferentes a atender. Sin escuchar su voz, no se sabrá la realidad que enfrentan, y las políticas promovidas no presentarán soluciones contundentes y eficientes. El impacto y efectividad de la gestión pública será limitados si los sesgos de género, tanto dentro del aparato estatal, cómo en la "clientela" externa de la administración pública y de los servicios ofrecidos por el estado, se perpetúan.

El objetivo macro de transformación institucional se alimentará de y contribuirá al cambio del modelo estatal y al aumento de la participación de las mujeres. Dentro de este objetivo, la perspectiva de género funciona como una herramienta para ver la realidad diferenciada de mujeres y hombres y para resaltar la relevancia de dichas diferencias en el cumplimiento de las metas del estado y sus instituciones públicas. De esta manera, entendemos el estado en y desde la sociedad civil, aunque sus manifestaciones y prácticas institucionales aparezcan como por encima de aquella.

Bibliografía

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Sojo, C. "Presentación del documento" para Análisis Documento. Los instrumentos de participación en el sector público" en el

Taller de Ciudadanía No.3. (junio, 1999). Organizado por el PNUD: Proyecto de gobernabilidad democrática para Centroamérica, CAM.96.001.